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El nuevo sistema de inmigración entrará en vigor en el próximo 1 de enero, día en que termina el periodo de transición y en que el país se separará definitivamente del resto de los 27.

Ni condenados, ni trabajadores poco cualificados ni personas que no tengan un alto nivel de inglés. La ministra del Interior británica, Priti Patel, ha dado hoy más detalles acerca del nuevo sistema de inmigración que entrará en vigor en Reino Unido a partir del próximo 1 de enero.

La visa especial que otorgará facilidades e incentivos para seguir atrayendo profesionales de la salud no incluirá, como ha confirmado el extenso documento de más de 130 folios, a los trabajadores sociales del hogar, un sector que el Ejecutivo espera reforzar con personal británico.

En el anuncio de hoy se ha podido conocer, además, que aquellas personas, sean de la procedencia que sean, que hayan sido condenadas a más de un año de prisión no podrán ni siquiera optar a entrar en el país.

Además, quienes sean condenados una vez estén en el Reino Unido, incluso a penas inferiores al año, también podrán ser deportados a sus países de origen, algo que actualmente sólo puede hacerse con ciudadanos europeos si el país demuestra que el individuo representa una amenaza persistente para la seguridad pública.

De esta forma el Gobierno iguala a los ciudadanos comunitarios con los del resto del mundo, ya que, por ejemplo, actualmente hay 8.000 personas no procedentes de la UE esperando ser deportadas por este motivo. De esta forma, y según proclama el Ejecutivo de Johnson, los británicos pretenden quedarse con el «mejor talento del mundo», al que aseguran que darán todas las facilidades para seguir llegando.

A principios de año ya se había anunciado que el país implementaría un sistema de inmigración por puntos que valoraría cuestiones básicas como el conocimiento del idioma, tener una oferta de trabajo que rozase los 30.000 euros anuales o haber sido aceptado en una de sus universidades. De hecho, quienes decidan estudiar una carrera en Reino Unido, y a la espera de saber si mantendrán la rebaja en sus tarifas para los comunitarios, podrán quedarse dos años para intentar encontrar un trabajo, en el caso de carreras y másteres, y tres en el de los doctorados.

Todos estos requerimientos parece que pueden ir variando, en cualquier caso, según las necesidades, pues se contemplan varias excepciones en campos como el de los temporeros o el empleo joven. Por ejemplo, quienes hayan completado sus estudios universitarios de forma reciente verán rebajada esa exigencia en el salario de la oferta laboral hasta los 23.000 euros. No se descarta que esto pueda aplicarse también a ciertos trabajadores de la salud y de la educación.

Fuente: El Mundo