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El arbitraje es un medio de resolución de controversias que puede ser estudiado tanto con un enfoque desde el derecho interno como desde una óptica de derecho internacional, teniendo sus particularismos pero también importantes semejanzas. Para ambos casos, se trata de una solución de controversias otorgada a una jurisdicción de circunstancias, más comúnmente denominada ¨jurisdicción ad-hoc¨, en tanto es creada especialmente para el conflicto.

Desde el punto de vista de derecho interno, los diversos Estados consagran en sus ordenamientos jurídicos normas jurídicas que regulan el arbitraje. En estos casos, se presenta como un medio alternativo a la justicia ordinaria. Esto implica que, salvo casos muy excepcionales, no hay cuestiones que el derecho interno someta al arbitraje, sino que se presenta como institución a la que se puede recurrir para resolver conflictos prescindiendo de la justicia convencional.

Desde el punto de vista del derecho internacional, podemos concebir tres grandes tipos de arbitraje atendiendo a quienes son las partes en el mismo: el arbitraje interestatal, el arbitraje inversor-Estado y el arbitraje entre particulares (principalmente, el arbitraje comercial internacional).

El arbitraje interestatal es al que recurren los Estados para solucionar un diferendo que se haya producido. Es refiriendo a ésta hipótesis que al arbitraje se lo cataloga como ¨medio de solución pacífica de los conflictos internacionales¨ (junto a las negociaciones, buenos oficios, mediación, conciliación e investigación) porque precisamente, es una alternativa para evitar acudir a usar la fuerza.

Cuando se produce un conflicto entre Estados, estos tienen diversas posibilidades de actuación. Una primera opción, es recurrir a la Justicia Internacional, lo que implicaría presentar una demanda ante la Corte Internacional de Justicia, para que ésta, como órgano judicial principal de las Naciones Unidas, entienda en el caso. Una segunda opción, contraria a derecho internacional, pero vista en la realidad de los hechos, es acudir a la fuerza. Con la Carta de la ONU (1945) uno de los principios esenciales consagrados, es la prohibición de la amenaza y el uso de la fuerza. No obstante, aunque se ha menguado el uso de la misma en los últimos años, siempre la sociedad internacional ha sido testigo de conflictos armados. Mientras que una tercera opción, en vez de acudir a la justicia internacional, es recurrir a un medio de solución pacífica de los conflictos internacionales. En tal caso, se abre un abanico de posibilidades, que ya fue descripto supra: recurrir a la negociación, a los buenos oficios, a la mediación, a la conciliación, a la investigación o al arbitraje.

Son diversas las diferencias entre estos, pero la particularidad del arbitraje internacional, que lo diferencia de otros medios de solución pacífica de conflictos internacionales, como es la conciliación, es que el árbitro o árbitros se pronuncian dando un veredicto vinculante para los Estados parte (en la conciliación, el informe al que arriba el conciliador o comisión conciliadora, no es obligatorio).

El principal foro en materia de arbitraje interestatal, es la Corte Permanente de Arbitraje con sede en La Haya.

El arbitraje inversor-Estado es un mecanismo de solución de controversias que permite a los inversores extranjeros poder realizar reclamos contra el Estado receptor de la inversión ante tribunales arbitrales ad-hoc.

La gran mayoría de arbitrajes inversor-Estado se realizan bajo el Convenio CIADI (Centro Internacional de Arreglo de las Diferencias Relativas a Inversiones). Se trata de una de las cinco instituciones que forman parte del Grupo Banco Mundial, y presta servicios para la conciliación y el arbitraje en materia de inversión entre los Estados contratantes y nacionales de otros Estados contratantes (del cual proviene el inversor).

Los laudos del CIADI son obligatorios, y los Estados contratantes deben ejecutar las obligaciones pecuniarias que tales laudos imponen.

El arbitraje en el marco del CIADI, puede originarse de diversas formas: (a) que un acuerdo de inversiones entre las partes disponga una cláusula de consentimiento al arbitraje; (b) que haya una disposición en la legislación nacional del Estado receptor de la inversión; (c) a través de un tratado entre el Estado receptor de la inversión y el Estado de la nacionalidad del inversor.

Por último, está el arbitraje internacional entre particulares, siendo su principal hipótesis, el arbitraje comercial internacional. No es un arbitraje que presente particularidades que no hayamos mencionado, surgiendo por la existencia de una cláusula compromisoria o un compromiso arbitral. Generalmente, los distintos cuerpos normativos adoptan conceptos amplios de ¨comercial¨, derivando en que diversas relaciones tejidas entre multinacionales o empresas, puedan ser sometidos a este procedimiento.

Por ejemplo, en el comentario contenido en la nota al pie hecha al numeral 1 del artículo 1 de la ley Modelo, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, estableció que ¨ Debe darse una interpretación amplia a la expresión “comercial” para que abarque las cuestiones que se plantean en todas las relaciones de índole comercial, contractuales o no. Las relaciones de índole comercial comprenden las operaciones siguientes, sin limitarse a ellas: cualquier operación comercial de suministro o intercambio de bienes o servicios, acuerdo de distribución, representación o mandato comercial, transferencia de créditos para su cobro (“factoring”), arrendamiento de bienes de equipo con opción de compra (“leasing”), construcción de obras, consultoría, ingeniería, concesión de licencias, inversión, financiación, banca, seguros, acuerdo o concesión de explotación, asociaciones de empresas y otras formas de cooperación industrial o comercial, transporte de mercancías o de pasajeros por vía aérea, marítima, férrea o por carretera.¨

Materiales consultados

Jiménez de Aréchaga, E., Arbuet-Vignali, H., Puceiro Ripoll, R. (2012). Derecho Internacional Público. Tomo III. 1° edición. Montevideo, Uruguay, FCU.

Pérez Aznar, F. (2015). La solución de controversias en materia de inversiones extranjeras. En Lecciones de Derecho Internacional Público (pp. 951-974). Buenos Aires, Argentina, Errieus.